Urgente:
Desde oiga.me, en este link, puedes enviar la carta (más abajo) a todos los diputados del Partido Popular. Envía tu mail y difunde la campaña.
Envía los mails desde aquí.
Este martes 12 de febrero se vota en el Congreso de los diputados la admisión a trámite de la ILP hipotecaria. Una ILP que cuenta con el aval de más de 1.402.854 firmas.
Las propuestas de la ILP son demandas de mínimos frente a la magnitud del problema de la vivienda:
- Dación en pago con efectos retroactivo.
- Alquiler social para aquellas personas que han sido expulsadas de sus casas en las viviendas vacías en manos de entidades bancarias.
- Moratoria de desahucios de vivienda habitual.
Este martes los partidos políticos ni siquiera tienen que votar a favor o en contra de estas propuestas. Se vota la tramitación.
El Partido Popular ha anunciado que no votará a favor. Esta decisión es incompatible con la defensa de los derechos humanos. Responde a intereses de grupos de presión vinculados a entidades financieras, muchas de ellas rescatadas con dinero público, que continuan lucrándose y desahuciando a miles de familias en nuestro país.
Este martes, se vota la admisión a trámite de la ILP. Votan si se puede votar. Se vota reconocer o despreciar el trabajo de las miles de personas que han recogido firmas para esta ILP, de los centenares de miles que la han firmado, de las centenares de miles de personas afectadas. Se vota el descrédito definitivo de algunos grupos políticos o mostrar voluntad política de escuchar las demandas ciudadanas. La votación es una muesta de voluntad para solucionar un drama que causa sufrimiento a miles de personas o, por el contrario, mostrar la intención de perpetuar el genocidio financiero. Este martes se vota la democracia. Votar en contra es declarar la guerra a las mayorías sociales de este país, pero aun están a tiempo de rectificar…
Hagamos que les lleguen miles de mails, que les quede claro que la mayoría social de este país queremos acabar con el Genocidio Financiero. Que sepan cuáles serán las consecuencias de no escuchar las demandas ciudadanas.
A la atención del Grupo Parlamentario _________:
Las ejecuciones hipotecarias y los desahucios por impago de hipotecas son sin lugar a dudas una de las caras más dramáticas de la crisis en España. Una auténtica lacra que está generando una enorme alarma social. Una sangría que ya se ha cobrado la vida de demasiadas personas y que ha situado a nuestro país en el punto de mira de la prensa internacional. Desde hace años la voz organizada de los afectados viene advirtiendo de las consecuencias de un procedimiento que ya se ha llevado por delante a más de 400.000 familias. El marco legal que regula los impagos de hipotecas condena a familias insolventes a la exclusión social y las deja sin margen para rehacer sus vidas ni horizonte alguno de recuperación. Una advertencia que ha sido ignorada de manera reiterada por los gobiernos de PSOE y PP. A través de la campaña Stop Desahucios, la sociedad civil ha liderado un debate que ha condicionado la agenda política. Lo que en 2009 era un grito en el desierto, hoy es un clamor popular.
Hace dos años un auto valiente dictado por la audiencia de Navarra interpretaba la ley de acuerdo a la realidad social abriendo la puerta a la dación en pago, una de las principales demandas de la PAH. Durante este tiempo, más de trescientos ayuntamientos, espoleados por la contestación social, han aprobado mociones en sus plenos instando al gobierno central a adoptar medidas que frenen la sangría de desalojos. El pasado mes de octubre la relatora de Naciones Unidas por el derecho a una vivienda, Rakel Rolnik, presentaba ante la asamblea general de la ONU un devastador informe donde denunciaba la grave situación habitacional que atraviesa el país; otro informe de la judicatura concluía la necesidad de reformar en profundidad un normativa que data de 1909 y que sobreprotege a los acreedores dejando la parte más débil del contrato hipotecario indefensa. También la abogada del Tribunal de Justicia de la UE ha cuestionado la legalidad del ordenamiento jurídico español en materia de desahucios. Hace pocas semanas, el gobierno de Ecuador demandaba al Estado Español ante el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo.
Los suicidios de Granada y Barakaldo son tan solo la punta del iceberg. La gota que colma el vaso. La ciudadanía ve cómo el dinero que se sustrae de sanidad y educación se utiliza para rescatar entidades financieras que desahucian a familias con niños, mientras continúan especulando y acumulando viviendas vacías.
Ante el aumento de la presión popular, el gobierno se ha visto forzado a mover ficha. Pero ni el decreto de buenas prácticas ni la moratoria de desahucios para casos de extrema vulnerabilidad han servido para atajar el problema. Habida cuenta que ambas prerrogativas contaron con el visto bueno de la patronal bancaria previa aprobación, tampoco es de extrañar. La realidad es que tanto el código de buenas prácticas como la moratoria excluyen la inmensa mayoría de los casos y no modifican una coma del procedimiento actual, que condena a las familias a una deuda de por vida.
Mientras tanto la ILP por la dación retroactiva, la paralización de desahucios y el alquiler social toca a su fin superando el umbral del millón de firmas y la vivienda ya figura entre las principales preocupaciones de los ciudadanos según la última encuesta del CIS. Según un sondeo de Metroscopia publicado en noviembre de 2012, el 94% de los encuestados se mostraban a favor de una moratoria en los desahucios de vivienda habitual mientras que un 86% lo hacía a favor de la dación en pago.
La política del miedo utilizada por el gobierno para revertir el estado de opinión favorable al cambio normativo se ha constatado un fracaso. Los mensajes apocalípticos que advertían a la población que modificar la ley hipotecaria y paralizar los desahucios hundirían el sistema financiero, no han servido para nada. El sistema financiero ya se ha hundido y el apoyo de la sociedad civil a las demandas de los afectados no ha dejado de aumentar. Todos sabemos que los obstáculos para adoptar dichas medidas no son técnicos sino políticos. Se requiere de voluntad política para enfrentarse a determinados intereses económicos.
Entre la dictadura de los mercados financieros y la defensa de los derechos humanos, la ciudadanía ya ha elegido. Solo falta que esa elección quede reflejada en el Congreso. Sin embargo, parte de esta cámara se obstina en no escuchar a la ciudadanía para plegarse de nuevo a los intereses de las entidades bancarias.
Ante esta situación de bloqueo ilegítimo e injustificado advertimos que no nos quedaremos de brazos cruzados. No podemos perder más tiempo. No podemos perder más tiempo. Hay vidas literalmente en juego y hay que actuar de manera inmediata. Por este motivo solicitamos a su grupo parlamentario que se comprometa por escrito a defender las demandas que contiene la ILP desde hoy mismo, a votar favorablemente en la tramitación de la ILP y en la posterior votación de la misma. Exigimos un posicionamiento claro. Sin rebajas ni concesiones de ningún tipo.En caso de no recibir respuesta afirmativa, entenderemos que su partido renuncia a escuchar la voluntad de una incontestable mayoría. En ese caso, no tendremos otra opción que señalar públicamente a los diputados de su grupo parlamentario como responsables directos del sufrimiento y el dolor de miles de familias de este país.
